Según las confesiones de la constructora Odebrecht, el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) les indicó que sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, eran los encargados de negociar con la empresa brasileña, a la que le dejó como “herencia” las adendas de los contratos de obras públicas que le otorgó durante su gobierno. Estas adendas eran parte del esquema de corrupción que usó la compañía para obtener licitaciones a cambio de sobornos, según las pesquisas.

Andrés Rabello, el representante de Odebrecht en Panamá, declaró que “los hermanos Martinelli Linares se presentaban como hijos del presidente de la República y mediaban para resolver problemas de pago y acelerar las obras con la empresa Odebrecht”.

Para ejecutar estos pagos ilícitos se emplearon empresas y cuentas bancarias en diferentes países, y se hicieron transferencias de fondos hasta por cuatro niveles de cuentas offshore antes de llegar al destinatario final, con el fin de ocultar el origen de los fondos y los beneficiarios finales.

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Las investigaciones revelaron que en el entramado de la corrupción quedaron involucrados muchos funcionarios con mando y jurisdicción, particularmente del periodo 2009-2014, pero también particulares o allegados a los que trabajaban en el gobierno. Entre la diversidad de contratos otorgados a Odebrecht, el mayor volumen fue para la construcción de carreteras e infraestructuras como puentes, entre otros.

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Por ejemplo, entre 2007 y 2015 Odebrecht recibió al menos seis contratos de proyectos licitados por el Ministerio de Obras Públicas: la cinta costera fases 1, 2 y 3, la autopista Panamá-Colón, el Corredor a Colón y la calle de acceso a la Zona Libre de Colón, informó Panamá en Directo.

En el periodo 2009-2014 ejercieron como ministros de Obras Públicas, Federico Suárez y Jaime Ford, ambos mencionados en la vista fiscal del Ministerio Público por el caso Odebrecht y son parte de los llamados a juicio en la audiencia por blanqueo de capitales fijada por el Tribunal del 1 al 18 de agosto de 2023.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones identificaron que a través de la estructura utilizada por los abogados panameños Mauricio Cort y García, se realizaron transferencias a las sociedades Fundación MCJJ, Neecel Corp., Cort Business Brokers & Consultants Inc., desde las cuentas que se abrieron en la Banca Privada de Andorra, y que tenían como beneficiarios finales al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y los hermanos Ricardo y Luis Martinelli Linares.

Añade que otras de las cuentas utilizadas fueron las que se abrieron por negocios que gestionaba en su momento Ricardo Martinelli Linares, creando las sociedades Mengil International Limited y Pachira, S.A.; usando a los imputados Roberto Brin Azcárraga y Gabriel Alvarado Far, para que fungieran como representantes ante el banco Banca Privada De Andorra.

Igualmente, a través de las cuentas de las sociedades Hobert International, Inversora Relltech, Flawood Investment, Glexus Overseas y Salcomby Finance, S.A.; se permitió que el exministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, recibiera fondos desde las cuentas controladas por Odebrecht.

También, a través de la estructura creada por BPA Serveis, se giraron transferencias a favor del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, el cual utilizó las sociedades Ralfim Limited y Herzone Overseas Limited.

Mientras se hacían estas transferencias millonarias a través de sociedades o empresas de personeros gubernamentales, desde el gobierno se aprobaban adendas y contratos a Odebrecht con precios inflados. De acuerdo con el análisis de los expertos, en muchos contratos, el kilómetro se licitaba hasta en tres veces más del costo promedio del mercado. Un kilómetro de carretera de seis metros de ancho, que según el mercado tenía un costo promedio de 1.5 millones de dólares, se llegó a inflar hasta los 11 millones de dólares.

En el caso específico de la cinta costera 3, que consiste en una plataforma de concreto de 4.2 kilómetros y seis carriles sostenida por pilotes, se pagaron a Odebrecht casi 800 millones de dólares. Esto equivale a unos 200 millones de dólares por kilómetro, un costo escandalosamente elevado si se compara con los precios del mercado, según los ingenieros expertos. El mecanismo para sacarle dinero al Estado y pagar las coimas se hacía inflando los precios de los contratos licitados a través de incluir adendas, de acuerdo con las investigaciones.

Los fondos robados a Panamá, así como a otros países, fueron manejados por la famosa caja dos de Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas para desviar los fondos a cuentas bancarias que tenían como beneficiarios a exfuncionarios.

En el acuerdo develado por Estados Unidos sobre el caso Odebrecht se establece que entre 2009 y 2012, la constructora acordó pagarle 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental panameño de alto rango.

En la actualidad, esos 6 millones de dólares pagados entre 2009 y 2012 equivaldrían a 8.5 millones de dólares si se cuenta desde 2009, y 7.9 millones desde 2012.

“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones”, señaló Luis Enrique Martinelli Linares en su declaración de culpabilidad durante la audiencia celebrada el 20 de mayo de 2022 en una Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos. Ambos hermanos se declararon culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James MacGovern, cometieron “por órdenes del padre”.

El Ministerio Público narra que una vez negociados los ajustes, el presidente cobraba a sus respectivos ministros, quienes eran los clientes o los responsables de agilizar los trámites del contrato…” Así lo señaló Andre Rabello, responsable de Odebrecht en Panamá, respecto a la forma de proceder para el pago de coimas y sobornos por los proyectos en Panamá.

“Lo que sí puede asegurar es que las dificultades o las trabas que ellos tenían en los diversos contratos, se resolvían enseguida o a través de la presión del mismo señor Presidente en ese entonces, y lo afirma ya que enseguida recibía alguna llamada donde le decían: “Mire ese tema ya está siendo resuelto, el tema pendiente ya está siendo resuelto”. Indicó Rabello que eso se daba a través de los mismos ministros, en ocasiones personalmente y otras por llamada donde recibía la respuesta de que ya estaba solucionado.

Continuó señalando con relación a los negocios de lobby de emprendimientos privados que siempre estaban presentes los hijos (de Martinelli), uno de los dos o los dos, Ricardo y “Quique” Luis, y Riccardo Francolini, “éste último presentaba los modelos de negocios privados, la viabilidad de los negocios privados”, precisó. En este marco de ideas le fue presentado como ejemplo: negocios de energía, de algunas hidroeléctricas, negocios de industria cementera, negocios de incorporación y negocios de mall, pero que en ninguno de esos proyectos la compañía concretizó. Recuerda Rabello que en ocasiones Francolini le ofreció “lobbismo” para agilizar algún problema en los ministerios, pero él no vio efectividad en el mismo, a pesar de que él pudo percatarse de que éste era muy cercano a la familia Martinelli. En cuanto a la actividad de “lobbismo” a los hermanos Martinelli Linares, la compañía le pagó coimas por aproximadamente 42 millones de dólares, agregó Rabello.

Esos 42 millones de dólares representan ahora 55.6 millones de dólares y se podrían haber utilizado para construir 20 kilómetros de carretera, a un costo razonable de 2 millones de dólares por kilómetro y seis metros de ancho, según los expertos.

“Los hermanos Martinelli Linares, como ellos mismos admitieron, establecieron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma tanto en Estados Unidos como en otros países, con el fin de encubrir cerca de 30 millones de dólares en sobornos de Odebrecht pagados a uno de sus parientes cercanos, un alto funcionario público de Panamá”, declaró el fiscal federal Breon Peace durante la audiencia en el Tribunal de Nueva York.

Otro de los llamados a juicio es Frank de Lima, quien ejerció como ministro de economía y finanzas de octubre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014. En su declaración, según cita la vista fiscal, De Lima se defendió y dijo que él no era el Ministro de Economía y Finanzas cuando se licitaron y adjudicaron la mayoría de las obras con la empresa Odebrecht, que fueron contratadas en el período 2009-2014. Precisó que el proyecto de Curundú fue adjudicado en enero de 2010; la línea uno del Metro fue adjudicada en noviembre de 2010; la cinta costera 2 fue adjudicada en 2009; para la cinta costera 3 se dio la orden de proceder en marzo de 2011; las obras de Patrimonio Histórico y Panamá Viejo fueron adjudicadas en marzo de 2011; el proyecto Curundú fue adjudicado por el Miviot; el Metro por la Secretaría del Metro que estaba adscrita al Ministerio de la Presidencia y las cintas costeras 2 y 3 fueron adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas.

En la presente investigación del Ministerio Público de Panamá, también se han incorporado documentos que guardan relación con el “Acuerdo de la Transacción de Pena”, suscrito entre los Estados Unidos y la empresa Odebrecht S.A., ante la Corte Federal Distrital de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York. En este acuerdo, la empresa Odebrecht se declaró culpable de la acusación de cargo criminal por conspiración para cometer delito en contra de los Estados Unidos de Norteamérica y violación de disposiciones antisoborno.

Un kilómetro de carretera de seis metros de ancho, que según el mercado tenía un costo promedio de 1.5 millones de dólares, se llegó a inflar hasta los 11 millones de dólares. En el caso específico de la cinta costera 3, que consiste en una plataforma de concreto de 4.2 kilómetros y seis carriles sostenida por pilotes, se pagaron a Odebrecht casi 800 millones de dólares. Esto equivale a unos 200 millones de dólares por kilómetro, un costo escandalosamente elevado.

Con 11 millones de dólares se pudo haber construido otro puente igual al que se construyó sobre el río Tabasará, de 110 metros lineales, con 2 carriles de 3.65 metros y aceras de 1.20 metros. Con 200 millones, que era la deuda del Estado con la industria de la construcción en septiembre del 2020, se podría haber construido mucho más. Además, en diciembre de 2020, el Banco Interamericano para el Desarrollo aprobó un crédito de 200 millones para reformas de agua, saneamiento y energía en Panamá, con un plazo de un año y un período de amortización a 20 años, con tasa de interés basada en la tasa Libor.

En la actualidad, los 6 millones de dólares pagados entre 2009 y 2012 equivaldrían a 8.5 millones de dólares si se cuenta desde 2009, y 7.9 millones desde 2012.

Se hubiesen podido construir 54 calles en el distrito de Chitré, y otorgar 215 becas Senacyt-Ifarhu para estudiantes de centros oficiales con excelencia académica.

Ambos hermanos se declararon culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James Mac Govern, cometieron “por órdenes del padre”.

Con 28 millones se podrían haber replicado dos proyectos de vivienda como el de Altos de Mastranto en Panamá Oeste, que lleva 10 años abandonado en enero de 2023 y que costaba 13 millones cada uno.

En cuanto a la actividad de “lobbismo” a los hermanos Martinelli Linares, Odebrecht le pagó coimas por aproximadamente 42 millones de dólares

Esos 42 millones de dólares representan ahora 55.6 millones de dólares y se podrían haber utilizado para construir 20 kilómetros de carretera, a un costo razonable de 2 millones de dólares por kilómetro y seis metros de ancho, según los expertos. También se podrían haber comprado 25 vagones del Metro de Panamá y construido tres escuelas como la República de Venezuela, que costaban 19.1 millones cada una.

“Los hermanos Martinelli Linares, como ellos mismos admitieron, establecieron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma tanto en Estados Unidos como en otros países, con el fin de encubrir cerca de 30 millones de dólares en sobornos de Odebrecht pagados a uno de sus parientes cercanos, un alto funcionario público de Panamá”, declaró el fiscal federal Breon Peace durante la audiencia en el Tribunal de Nueva York.

Con esos cerca de 30 millones se podría haber construido una planta potabilizadora similar a la que se construyó en Buenos Aires, en el distrito de Ñurum, con capacidad de 500 mil galones, una planta de 400 mil galones para aguas tratadas y 18 tanques de almacenamiento, junto con la construcción del puente sobre el Río Cobre.

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