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Gassan Salama y su relación con los negocios de corrupción de los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido en Venezuela

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Militante de la causa palestina, nacido en Colombia y nacionalizado panameño, Gassan Salama cuelga con frecuencia mensajes de apoyo a las revoluciones cubana y bolivariana en sus redes sociales. Pero esa inclinación no es el principal indicio para dudar de su imparcialidad como observador de las elecciones en Venezuela, función que ejerció en los cuestionados comicios en los que Nicolás Maduro se ratificó como presidente. De hecho Salama, un empresario y político que ha llevado a cabo controvertidas búsquedas de pecios submarinos en aguas del Caribe, encontró su verdadero tesoro en el principal programa de asistencia y control social del chavismo, los Clap, por el que recibe millonarios pagos en euros.

Gassan Salama Ibrahim fue uno de los pocos observadores internacionales en los comicios del 20 de mayo de 2018 con los que Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de la República en un proceso desconocido por la mayoría de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional. Ese día en que apareció acreditado como “acompañante internacional” por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que hoy luce como la génesis de la crisis político-institucional que vive el país, Gassan Salama ya era socio del Gobierno de Maduro en el negocio de la venta de alimentos para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento Producción (Clap) con su empresa Lido Internacional S.A., informó El Publique.

Según un reporte de la web abcnoticias.net, el 6 de marzo de 2018 llegó al puerto de La Guaira, cercano a Caracas, el buque Maersk Wismar. Cargaba 766 toneladas de alimentos en 30 contenedores despachados por Lido Internacional desde el puerto de Manzanillo, en Panamá, de acuerdo a documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Entre los productos había mayonesa, arroz y harina de maíz, tres de los once rubros normalmente incluidos en los combos CLAP que reparte el Gobierno en zonas populares. El 23 de abril, un mes antes de que Gassan Salama apareciera en Caracas con su chaleco de observador internacional, su compañía envió otras 620 toneladas de alimentos en el buque San Alessio, según la autoridad aduanera.

El consignatario de ambos cargamentos fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación, aunque fueron contratados por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas. Aunque para esta entrega no se pudo consultar el contrato correspondiente, Lido Internacional sí aparece en un listado de contratistas de Corpovex al que tuvo acceso Armando.info y en el que destacan varios de los proveedores de alimentos para el programa que Nicolás Maduro oficializó en marzo de 2016 como respuesta a lo que denomina “guerra económica” por parte del empresariado nacional y factores internacionales.

La compañía de Gassan Salama también ha relucido en la información intercambiada en las reuniones que realizan funcionarios de unidades de inteligencia financiera de varios países de la región para investigar posibles prácticas corruptas en los negocios del Gobierno venezolano. De acuerdo a esos datos, las exportaciones de Lido Internacional a Venezuela sumaron en pocos meses casi 3.500 toneladas.

Sólo el 17 de noviembre de 2017 la compañía de Gassan Salama recibió pagos del Gobierno por casi dos millones de euros relacionados a la “adquisición de combos de alimentos”. En enero de 2018 hubo otro giro por 1,8 millones de euros, de acuerdo a fuentes en Corpovex. El del suministro para los Clap no era el primer negocio de Lido Internacional con Maduro. En octubre de 2018 las autoridades pagaron a la empresa panameña otros 9,7 millones de euros como pago del contrato 0135 suscrito con Corpovex inicialmente en 2016 para la venta de azúcar cruda. “La verdad no tengo información al respecto, tendría que conversar directamente con el dueño, pero no se encuentra en el país”, responden en las oficinas de Lido Internacional en Panamá al ser consultados sobre el tema.

En sus redes sociales Gassan Salama luce como un ferviente defensor de la revolución bolivariana y la cubana. Abundan sus mensajes de admiración a personajes como Fidel Castro y Hugo Chávez.

 

“Ser invitado como observador internacional a Venezuela es un placer. Pero más placer es ser invitado como palestino ante tan importante acto democrático”, escribió en Twitter ese día. El mensaje está acompañado de una foto en la que se le ve con un polo rojo y el chaleco marrón del CNE junto al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Publicó además un video tomado desde la tarima en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo en Caracas- en la que Nicolás Maduro celebró su cuestionada victoria.

“Felicidades al pueblo venezolano por sus elecciones. Ojalá los países de la región entiendan que en diez meses se han hecho en Venezuela cuatro elecciones. El pueblo es soberano y decidió”, elogió al colgar en la red el video. No queda claro si fue tomado por Gassan Salama a apenas unos metros del propio Maduro y confundido entre ministros y jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Pero de su cercanía con figuras del chavismo hay más pruebas. En diciembre de 2016 fue homenajeado por el entonces gobernador del Táchira -Andes suroccidentales venezolanos-, José Gregorio Vielma Mora, también oficial retirado del Ejército y ex jefe del organismo tributario bajo la presidencia de Hugo Chávez. En la misma jornada en la que le concedió la “orden superior y de la excelencia del estado Táchira” a su esposa y reconoció a los integrantes de la Coral de la entidad en su cuadragésimo aniversario, Vielma Mora otorgó a Gassan Salama la Orden Mérito al Trabajo.

Pese a sus negocios con el Gobierno venezolano, Gassan Salama fue uno de los observadores internacionales acreditados por el CNE para el cuestionado proceso electoral del 20 de mayo de 2018 en el que Nicolás Maduro resultó reelecto.

“En reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, destacándose en sus actividades profesionales, laborales, gremiales, empresariales, académicas, culturales y sociales enfocadas al servicio y en beneficio de la administración pública y privada, del municipio, y también del estado Táchira y de la República Bolivariana de Venezuela”, refiere la distinción. En los registros venezolanos apenas hay evidencia de su actividad empresarial. Se trata de una compañía homónima a la que usa para vender los alimentos para los Clap registrada en Caracas en 2005. Apenas tiene dos empleados y no hay constancia de que haya firmado convenios con el Estado, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), o tramitado divisas preferenciales en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). La oficina está ubicada en un pequeño edificio en Las Mercedes, zona comercial al este de la capital venezolana, en la que nadie responde el timbre.Sin embargo, el reconocimiento de Vielma Mora, quien en su juventud participó en la intentona golpista de 1992 comandada por Hugo Chávez y quien hasta hace meses fue ministro de Nicolás Maduro, no parece casual. Vielma Mora fue una pieza clave en el nacimiento de los Clap como programa masivo. Fue a finales de 2016 que Cobiserta, empresa adscrita a la gobernación de Táchira, firmó un primer contrato con Group Grand Limited, sociedad registrada en Hong Kong y manejada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, para la compra de diez millones de combos Clap. A la postre, el dúo de empresarios colombianos, hoy investigados en países como Colombia y México, se convirtió en el principal importador para el programa estatal logrando al menos dos contratos por casi 800 millones de dólares.

Fueron los inicios de un programa que, concebido para producir alimentos en la base a modo de pequeñas células partidistas, derivó en importaciones masivas a través de intermediarios seleccionados a dedo por el Gobierno. Hasta 2017 estos compraban los combos de alimentos fundamentalmente en México para luego revendérselos a Venezuela a precios que oscilan entre 34 y 39 dólares por cada despensa Clap. Pero desde el año pasado empresas de Turquía empezaron a ganar terreno a través de estos intermediarios, al tiempo que las autoridades de Caracas estrechaban su relación política y comercial con el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que se ha convertido en uno de sus principales aliados globales. La propia Lido Internacional ha comprado los alimentos a fabricantes mexicanos y turcos, según panjiva.com, base de datos especializada en comercio internacional.

Las pocas cifras oficiales indican que el de los Clap es un negocio que no ha parado de crecer. En 2018 el Gobierno distribuyó 114 millones de cajas Clap, que se suman a las 91 millones repartidas en 2017 y que equivaldrían a un gasto que oscila entre los 6.000 millones a 8.000 millones de dólares en solo dos años. “114 millones de combos Clap se distribuyeron a nivel nacional, el mercado a la casa, ¡Llegó el Clap! debería ser la consigna. ¡La revolución lleva el mercado a la casa!”, manifestó recientemente Maduro.

Ahora se sabe que a Lido internacional, la compañía de Gassan Salama, le tocó una porción de ese jugoso pastel. Su empresa, al igual que FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, otras dos compañías panameñas proveedoras de los Clap, escapó al veto comercial que impuso en abril del año pasado el Gobierno venezolano contra casi un centenar de personas jurídicas del istmo, luego de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sancionara a 55 funcionarios venezolanos. “Recordando momentos en que Panamá en el año 2016 estimulaba la venta de alimentos a la hermana República de Venezuela. Ahora de manera extraña hasta se quiere desprestigiar el suministro de alimentos que empresas panameñas están desarrollando”, tuiteó Salama a modo de crítica el 14 de julio de 2018 con una foto en la que el ex ministro Miguel Pérez Aabd y el ex presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, pactaron la compra de alimentos para los Clap con autoridades panameñas.

Si en Venezuela Gassan Salama es prácticamente un desconocido para la opinión pública, no ocurre lo mismo en Panamá. Durante años se ha movido entre la política y el mundo de los negocios. Tras ser presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón -el puerto caribeño de Panamá que aloja una próspera zona franca- entre el año 2000 y 2002, se convirtió en gobernador de esa provincia en 2003. “Como ex Gobernador de la provincia de Colón, Panamá, y como hijo de la Revolución palestina le reitero nuestro más profundo afecto a usted Comandante Fidel y al pueblo cubano”, escribió en 2004 Salama en el Granma, diario oficial cubano.

Además de Lido Internacional, Gassan Salama está relacionado a otras ocho empresas, casi todas registradas en Colón. La “causa palestina” es otra de sus banderas y aúpa varias organizaciones que promueven los lazos de Palestina con América Latina. Además de Venezuela, ha llevado sus negocios a Cuba y Bolivia. “Sus vínculos con estos países son tan políticos como comerciales”, explican fuentes panameñas.

Su rol como emprendedor no escapa a controversias. Gassan Salama está relacionado a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI), creada hace 19 años en la provincia de Colón y señalada de expoliar el pecio del galeón San José, una embarcación española hundida en 1631 en el Golfo de Panamá. Entre 2013 y 2014 la compañía rescató un botín de monedas de plata que a la postre fueron decomisadas por el Servicio Nacional de Aduanas. El 5 de julio de 2012, el diario La Prensa se refirió a las labores de IMDI como la de unos “cazatesoros sin fiscalización” y advertía que “IMDI pudo haber sacado oro, plata u objetos de embarcaciones que allí naufragaron (aguas próximas a Contadora), sin haberlo declarado y sin que el Instituto Nacional de Cultura (Inac) pudiera determinar su conservación en museos, en caso de tener valor histórico”. En esa nota se aseguraba que Gassan Salama como vicepresidente de IMDI manifestó que “hasta la fecha no han hecho ningún tipo de rescate que reportar”.

Años después, un informe de la Unesco del 7 de diciembre de 2015 señaló la responsabilidad de la empresa IMDI en el caso del San José. De acuerdo a la reseña que realizó el diario La Prensa sobre ese reporte, las actuaciones de la empresa fueron una “simple operación de extracción de objetos enmascarada en un proyecto supuestamente arqueológico” y que “las actividades realizadas por IMDI podrían haber afectado a más de un pecio hundido en la zona del archipiélago de las Perlas”.

En la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia panameña reposan dos expedientes relacionados con las labores de IMDI. Hasta ahora eso no parece haber sido freno para que Gassan Salama continué con sus negocios dentro y fuera de Panamá. El 21 de junio de 2018, justo un mes después de que participara como observador internacional en las elecciones venezolanas, el empresario panameño se reunió con el Ministro para Políticas de Integración Regional de República Dominicana como uno de los representantes de la constructora China State Construction Engineering Corporation Ltd (Cscec) para evaluar posibles inversiones en el país caribeño. “El grupo estuvo compuesto por Zhihe Zhang, Sui Man, Kevin Zhao, Zaid Yaafar y Gassan Salama”, reseñó el boletín de presidencia de la República Dominicana.

Gassan Salama, Ziad Issa y Joe Tarazi

 

 

 

 


En junio de 2018, un mes después de que fungió como observador internacional de las elecciones venezolanas, Gassan Salama apareció como representante de la constructora china Cscec en una reunión con el Gobierno de República Dominicana.
Esa búsqueda de nuevos negocios no le impide seguir con atención la crisis político-institucional que se vive en Venezuela. El 25 de enero, dos días después de que la oposición venezolana proclamara presidente interino de la República a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Gassan Salama expresó su crítica en Twitter. “Las democracias es para los que la entiendan, no para los que pierden en elecciones y siguen cocinando golpes de Estado. Viva la democracia y viva Venezuela. Sólo el pueblo venezolano resolverá a lo interno sus diferencias”.

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Jorge Elías Castro Fernández explicó las acusaciones de Israel contra Irán sobre entrenamiento en el Medio Oriente para el uso de drones

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El analista político y consultor en seguridad Jorge Elías Castro Fernández explico que el Ministro de Defensa de Israel, Beny Gantz, acusó a Irán de entrenar a milicianos de Siria, Irak, Yemen y Líbano en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) con «alcance de miles de kilómetros», que después son distribuidos por la región para ampliar el poder y la influencia del país persa.

«Irán ha desarrollado un ‘terrorismo indirecto’ que es perpetrado por ‘ejércitos terroristas’ organizados que le están ayudando a lograr sus objetivos económicos, políticos y militares», dijo Gantz en un discurso en la conferencia anual del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de la Universidad de Reichman.

Jorge Elías Castro Fernández señaló que según el titular de Defensa, los drones fabricados por Irán, «una de las herramientas más importantes que emplea» en Oriente Medio, «se distribuyen en Yemen, Irak, Siria y Líbano», donde mantiene estrechas alianzas con milicias chiíes y grupos armados satélite.

A su vez, Gantz acusó también a Teherán de «intentar trasladar los conocimientos técnicos necesarios para la producción de vehículos aéreos no tripulados a Gaza», donde mantiene vínculos con las organizaciones islamistas Hamás y Yihad Islámica.

Según Israel, Irán entrena a milicianos de Oriente Medio en la base de Kashan, situada al norte de la ciudad de Isfahán (centro del país), que «es un punto clave desde el cual se exporta el terrorismo iraní a la región».

Jorge Castro Fernández recordó que Israel, Estados Unidos y Reino Unido acusaron a Teherán de haber perpetrado a finales de julio un ataque frente a la costa de Omán contra el buque cisterna «Mercer Street», de propiedad japonesa pero operado por una empresa del multimillonario israelí Eyal Ofer.

Teherán negó estar implicado en el ataque, que se hizo con un dron y causó la muerte de dos miembros de la tripulación, un ciudadano rumano y otro británico.

Jorge Elías Castro Fernández recordó también que este año se registraron varios ataques contra buques israelíes e iraníes, en el marco de la guerra encubierta entre los dos países, que también ha incluido sabotajes a instalaciones nucleares de Irán.

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Los polémicos orígenes en Colombia del financiero Grupo Aval

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Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y a través de BAC Credomatic y Multi Financial Group es el grupo regional más grande y uno de los más rentables en Centroamérica. Grupo Aval es el líder en Colombia en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), líder en el negocio de banca de inversión a través de Corficolombiana y líder en el negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Adicionalmente a través de la operación de BAC Credomatic, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras y de Multi Financial Group en Panamá. Así se define el grupo colombiano.

También es uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica, teniendo la propiedad del Grupo BAC Credomatic​ y del Banco Multibank en Panamá, además de ser el propietario de la mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías de Colombia (Porvenir).

Luis Carlos Sarmiento Angulo es conocido como el hombre que creó una fortuna en la industria de la construcción y luego la invirtió en bancos, controlando gran parte del sector financiero en Colombia. En 2012, la revista Semana, bajo el título Todo poderoso, señaló que la revista Forbes describía su fortuna con la palabra selfmade, que significa hecho por sí mismo. Sin embargo, lo cierto es que su capital no ha sido hecho a puro pulso, sino con el sudor y lágrimas de muchos colombianos, señaló Anhy Durley González Durán en 2018 en Las Dos Orillas.

Sarmiento estudió Ingeniería Civil en universidad pública y comenzó a aceptar obras públicas para la construcción de vías en zonas de violencia donde nadie se atrevía a trabajar. Empezó sus contactos con el sector público y luego con la creación de vivienda de clase media se convirtió en líder y el pionero de ese nuevo mercado, en una época en la que solo las entidades del Estado podían prestar para comprar casas.

A comienzos de la década de los 70 se implementó el UPAC, abriendo las puertas a los particulares para financiar la vivienda, ante lo cual el magnate decidió crear su propio banco, para poder otorgar créditos hipotecarios a los compradores de sus casas. El UPAC, que es un sistema originario del Brasil, fue implantado en Colombia para mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda.

La realidad de este sistema a favor de los prestamistas y los problemas que soportaron los compradores de vivienda se empezaron a evidenciar. Los nuevos propietarios resultaron pagando cuotas muy altas, excediendo su capacidad de pago. En consecuencia, algunos resultaron pagando cuotas por encima de sus salarios, llevando a que muchos morosos fueran desalojados, mientras otros decidieron renunciar a su sueño de propietarios, entregando sus viviendas, luego de haber pagado hasta tres veces su valor inicial. Es decir, el alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se disparan y muchos de ellos en medio de lágrimas perdieron sus inmuebles e incluso sus vidas al optar por el suicidio ante el fracaso.

Un poco tarde para los ciudadanos esta situación llegó hasta la Corte Constitucional, que mediante fallo intervino. Como resultado fue creada la nueva unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos: la unidad de valor real constante, conocida como UVR.

Ante esta situación el gobierno actuó. En El Tiempo, del 5 de agosto 2002, bajo el título Crisis financiera y fin de UPAC, se lee: “En noviembre de 1998, y como salvamento para el sector bancario y ayuda a los morosos de la banca hipotecaria, el Gobierno decretó la emergencia económica. Entre las medidas adoptadas estaban: Se creó el impuesto bancario dos por mil, con vigencia hasta diciembre de 1999. Recursos que se destinaron a salvar la banca”. Luego se extendió y amplió, hoy es 4 por mil y lo temporal se hizo definitivo, aunque superada la crisis y su destino.

En ese orden fue creciendo la fortuna de Sarmiento Angulo. De hecho, en La Silla Vacía, en un artículo titulado con el nombre del banquero, actualizado el 4 de diciembre de 2017, se lee: “Desde Virgilio Barco, Sarmiento ha tenido buena comunicación con todos los presidentes”. Ciertamente esto le ha permitido gestionar sus propósitos ante la injerencia en asuntos del Estado, logrando —en palabras del senador Alexander López— que en Colombia se legisle solo a favor del sector financiero.

El mismo magnate ya lo había sostenido Semana en el artículo El rey Midas, del 28 de noviembre de 2009, al expresar: “En los ‘ratos libres’ también se dedica a ser interlocutor de presidentes —dice que desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos—, participa en redacción de leyes —se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él— y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país”.

Por otro lado, desde el 31 de octubre de 2009, antes de controlar el importante diario del país, en El Tiempo, con el título Yo también quiero uno, se denunció: “Es indignante que este país de siete millones de indigentes subvencione a una de las principales fortunas de Latinoamérica. (…) en el debate de Agro Ingreso Seguro, conocimos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, segundo hombre más rico de Colombia, propietario de un grupo financiero y de otro industrial, fue beneficiario de auxilios estatales que podría costear con sus propios recursos. Es irritante, además, que el dueño de bancos que otorgan préstamos con intereses brutales, absurdos, recurra al Estado para recibir los suyos a precio de huevo”. Justa indignación, puesto que a los campesinos y pobres del país, los supuestos destinatarios de los subsidios, se les negó la ayuda por no cumplir requisitos.

En las Las2Orillas, el 21 de julio de 2014, bajo el título Los subsidios de Agro Ingreso Seguro: ¿cruce de favores?, se dice que en la campaña a la presidencia en el 2002: “…el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo que a través de las empresas Unipalma S.A.; Pizano S.A. y Organización Pajonales, le entregó $50 millones a la campaña presidencial y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de $12 mil millones de pesos”.

En Café Stéreo, en un artículo del 4 de julio de 2018, con el título El regalito de Santos al banquero más rico de Colombia: blanquear sus tierras mal habidas, un exrepresentante a la Cámara por el Valle también acusa al empresario por beneficiarse de los subsidios estatales.

Así mismo, el magnate del emporio económico llamado Grupo Aval ha creado fiduciarias, que administran el dinero para construir centros comerciales y en las que la administración pública decide invertir para los proyectos de vivienda; entonces por ejemplo, su fiduciaria Fidubogotá es la encargada de manejar el dinero mientras se desembolsan definitivamente los subsidios. Su labor consiste en recibir el capital del fondo que maneja el Ministerio de Vivienda, administrarlo y desembolsarlo a los constructores a medida que van ejecutando las obras. De esa forma, el Gobierno puede manejar la relación con un solo responsable, en vez de los cientos de constructores que harán las casas y para la fiduciaria implicará su mejor negocio en muchos años. Lo anterior, se puede evidenciar en La Silla Vacía, en el artículo Sarmiento, el primer gran beneficiado de la Ley de Vivienda para los más pobres, publicado el 4 de julio de 2012.

Pero entre los muchos negocios de Sarmiento Angulo se encuentra el más lesivo para el pueblo colombiano, el de los fondos privados de pensión. En la misma revista Semana, citada anteriormente, se analiza su brillante idea: “Él mismo fue hasta Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le llevó al entonces presidente colombianoCésar Gaviria un estudio de qué estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido no solo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el ponente de la reforma, y fue entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy los unen”. Junto con Moreno Mejía, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a Panamá el más jugoso negocio para la banca privada, el modelo que ha arruinado a la clase trabajadora de otros países como Chile, donde es evidente que no funcionó por cuanto lo único que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de los fondos y los cotizantes que reciben paupérrimas sumas como pensión. Con este negocio, los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el multimillonario de Colombia logró escalonar posiciones cada vez más cerca del pódium de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.

Este suculento negocio ha hecho que con el sudor del trabajo de los colombianos se haya enriquecido aún más el llamado rey Midas, en otra forma de esclavitud. Por ejemplo, para que un cotizante sobre un salario mínimo aspire a una pensión de igual valor tendría que laborar 120 años; así mismo, quien cotice sobre 4 salarios mínimos tendría que trabajar durante 30 años para percibir igualmente un salario mínimo. Es triste ver llorar hombres y mujeres, que luego de haber sido engañados por los fondos privados, percibirán un salario mínimo, que no cubrirá su mínimo vital establecido en 4 o más salarios mínimos, con pensiones que no les alcanzará ni para cubrir los gastos de servicios públicos y mucho menos para cubrir los impuestos prediales de los estratos 5 y 6, donde a puro pulso han conseguido sus viviendas. Lo anterior, aunado a la anuencia de los empleadores que por comisiones o ignorancia obligaron o aconsejaron a sus empleados para trasladarse del fondo público a dichos fondos privados, sin dimensionar la complicidad en el grave daño a sus economías.

Con su emporio financiero puede desarrollar sus sueños como la ciudad empresarial que lleva su nombre, como proyecto inmobiliario no residencial más grande en la historia de la ciudad capital.

Jack Ma, el segundo hombre más rico de China, según Forbes, expone la siguiente frase: «Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil”. Ante esto se puede afirmar que lejos están los dueños de los fondos privados —como Sarmiento Angulo— de ser responsables ante la sociedad y colaborar en la construcción de una Colombia justa.

Paramilitarismo

Los herederos del paramilitarismo en Medellín mueven más o menos 40 mil millones de pesos (casi 14 millones de dólares) mensualmente. «¿Cómo están moviendo estos 40 mil millones de pesos? Ya lo sabemos: Por el sistema financiero; Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda», señaló el investigador Yami Vallejo de Kavilando, reseñó indicó en 2017 Resumen Latinoamericano. Hoy los paramilitares no andan uniformados o armados o rayan paredes. Y el Estado y el Poder Fáctico en Medellín están felices.

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Abogado Ramsés Owens Saad enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para evadir impuestos y lavado de dinero

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El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey, fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que jugaron en un esquema criminal llevado a cabo por décadas por la firma Mossack Fonseca (MF)», anunció el martes 4 de diciembre el Departamento de Justicia estadounidense.

La investigación se derivó de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma panameña.

Tres de los cuatro imputados, Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, fueorn detenidos e Estados Unidos, según una nota de prensa del Departamento de Justicia, informó en 2018 La Prensa.

Owens -de 50 años de edad- permanece en Panamá «en libertad»; enfrenta cinco cargos, que conllevan una condena de hasta 70 años de prisión, según la acusación desclasificada que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación de la fiscalía menciona 11 cargos; Owens está ligado a cinco de ellos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; fraude electrónico y conspiración a través de fraude electrónico; conspiración para evadir impuestos, y lavado de dinero. Owens, en conspiración con Brauer, habría cometido los hechos entre los años 2000 y 2017. En todo ese período -17 años- Owens asesoró a sus clientes de Mossack Fonseca sobre cómo evadir el Servicio Interno de Impuestos estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés).

 

Von Der Goltz, de 81 años de edad, era cliente de Owens en Guatemala. Aunque de nacionalidad alemana, residió en Estados Unidos dado que su esposa es estadounidense. Fue detenido en Londres.

Gaffey, un contador estadounidense de 74 años de edad, fue detenido en Medfield, Massachusetts. Mientras, Brauer, que trabajó como gerente de inversiones en Mossfon Asset Management, S.A., afiliada a Mossack Fonseca, fue arrestado en París, Francia, el 15 de noviembre de 2018.

«Por décadas, los acusados, empleados y clientes de la firma Mossack Fonseca, supuestamente barajaron millones de dólares a través de cuentas offshore y crearon sociedades fantasmas para esconder fortunas. De hecho, tenían un libro de jugadas para repatriar dinero no declarado al sistema bancario estadounidense. Ahora, este esquema internacional ha desaparecido y los acusados enfrentan años de prisión por sus crímenes», informó el fiscal general de Manhattan, Geoffrey Berman, según la nota de prensa del Departamento de Justicia.

Mossack Fonseca, el bufete de abogados panameño cuyos directores fueron asesores del expresidente Juan Carlos Varela cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, volvió en 2018 a estar en el ojo público con uno de sus abogados locales que enfrenta cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que podrían conllevar una sentencia de 70 años.

El abogado panameño Ramses Owens Saad, los alemanes HJ (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer y el estadounidense Richard Gaffey fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que desempeñaron en un Esquema criminal llevado a cabo durante décadas por Mossack Fonseca (MF)”, anunció el 4 de diciembre de 2018 el Departamento de Justicia.

La investigación se deriva de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre las actividades de la firma panameña.

Proveedor de sociedades opacas

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en 2016 y enviado a prisión provisional el mismo año por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, viajó a Panamá en 2007 para reunirse con dirigentes del despacho de abogados Mossack Fonseca, según consta en documentos internos de ese bufete a los que tuvo acceso El Confidencial, en el marco de la investigación conjunta realizada en España con La Sexta y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ‘Suddeutsche Zeitung’.

La invitación de Mossack Fonseca a Pineda se produjo concretamente en diciembre de 2007. Llegó a la capital del país el día 10 de ese mes en un vuelo de la compañía Avianca procedente de Bogotá (Colombia) y se alojó hasta el día 12 en el hotel Panamá Marriott, un cinco estrellas con dos piscinas, ‘spa’ y gimnasio, situado a solo 800 metros de las oficinas del despacho especializado en la creación de sociedades ‘offshore’ y blanqueo de capitales que está ahora bajo el foco de las autoridades de las principales potencias occidentales por la publicación de los papeles de Panamá, informó en 2016 el diario español El Confidencial.

El contacto que facilitó el acceso de Luis Pineda a Mossack Fonseca fue el empleado de la firma Ramses Genaro Owens Saad, un abogado que figura en órganos directivos de al menos 178 empresas con sede en Panamá. El presidente de Ausbanc fue quien se encargó de promover la reunión con el proveedor de sociedades opacas.

Sin embargo, a pesar de los destacados clientes que tenía en nómina Mossack Fonseca, como ha desvelado esta investigación periodística, Pineda recibió durante toda su estancia el tratamiento de cliente vip. En correos cruzados en noviembre de 2007 entre la firma panameña y el empleado de Ausbanc Hermenegildo García, detenido también por la UDEF en España, este último agradece por adelantado el trato que se le iba a dispensar días después a su jefe. «Muchas gracias por la cortesía del Despacho Mossack Fonseca en atender a nuestro presidente [Luis Pineda] en su visita a Panamá. Agradezco de nuevo su cortesía y toda su amabilidad», aparece en esa comunicación.

El tratamiento vip incluyó la asignación de un chófer a Pineda que se encargó de recogerlo en el aeropuerto el día 10 de diciembre y llevarlo de vuelta el día 12 para que cogiera otro vuelo a su siguiente destino, México DF, según confirmaron también las comunicaciones que se cruzaron Mossack Fonseca y los empleados de Ausbanc encargados de gestionar ese viaje.

Mejor suerte en Panamá

Pero el abogado Ramsés Owens ha corrido mejor suerte en Panamá, donde recién el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial revocó parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific, como informó La Estrella de Panamá.

Tribunal revocó diligencias de fiscalía anticorrupción en caso contra Ramsés Owens, Gabriel Btech y Ramón Carretero

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