Informaciones dignas de todo crédito desmienten que el reportero gráfico venezolano Jesús Alberto Medina Ezaine haya sido víctima de graves torturas, fuera golpeado en repetidas ocasiones, perdiera los dientes y parte del cabello, padezca o hubiera padecido cáncer o haya perdido peso gracias a no tener una buena alimentación, como señaló su novia Sharon Eramo en un video en 2019, mientras Medina se encontraba preso en la cárcel de Ramo Verde, en Venezuela.

Según la web Prensa América, esas aseveraciones fueron producto de una trama de engaños orquestada por el propio Jesús Medina Ezaine, que pretendía hacerlo lucir como una víctima de malos tratos del Gobierno de Venezuela, mientras se encontraba preso en Ramo Verde, con el propósito de causar compasión y tratar así de lograr que lo dejaran en libertad, después de haber sido detenido en 2018 por los delitos de instigación y agavillamiento.

Medina, a quien describen como un extorsionador de oficio, mentiroso y mitómano compulsivo con comportamiento desequilibrado y antisocial, y quien es acusado de cometer acciones de violencia contra su propia madre, utilizó para ese fin a Sharon Eramo, su novia periodista, quien labora en la oficina de Relaciones Públicas del Hotel JW Marriot en Caracas.

El reportero, se escucha, fue tan lejos en su trama atestada de falsedades, que intentó conseguir un médico en España que certificara, con un informe falso, que padecía de un cáncer, pero no encontró ninguno.

Por Roberto Deniz
armando.info

Una red de empresas propias y de familiares convirtió al Mayor del Ejército William Hernández Cova en uno de los principales contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Más de 250 contratos cayeron de su lado durante la década en que esa institución estuvo dirigida por otro colega militar, el General Carlos Rotondaro Cova. Aquello fue el inicio de una expansión que no cesa, a contravía del desplome económico del país, y que ha colocado al grupo empresarial a la cabeza de una compañía petrolera en Colombia, de una clínica privada y hasta de bodegones en el este de Caracas, entre otros negocios.

Parece una ironía, pero un Mayor del Ejército destaca entre los mayores contratistas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Se llama William José Hernández Cova, egresado de la Academia Militar en 1985. A diferencia de algunos compañeros de promoción que saltaron a la administración pública con la autodenominada Revolución Bolivariana, como el cuestionado Carlos Osorio Zambrano, dos veces ministro de Alimentación y ahora a la cabeza de la Corporación Venezolana de Minería, o el exministro de Interior y Justicia y actual constituyente, Pedro Carreño, el camino de Hernández Cova fue temprano el de los negocios.

Lo que comenzó con las contrataciones públicas mediante empresas propias y de familiares cercanos, ahora es toda una red de compañías igualmente emparentadas que incluyen una clínica y bodegones en el este de Caracas, sociedades en Panamá, Estados Unidos y Reino Unido y hasta una firma colombiana en el competido sector petrolero: Atina Energy Services.

La oficina principal de Atina Energy Services está en Bogotá y se desprende de Atina Energy Services Corp, registrada en Panamá. Aunque creadas en 2009 por una familia ítalo venezolana, pasaron a formar parte del extenso grupo empresarial de William Hernández Cova en 2014. Como en casi todas sus compañías, allí comparte directorio con su esposa, Rosmilar Ceballo Montilla, y su cuñado, Antonio Parada Montilla.

El Mayor Hernández Cova cambió el uniforme de militar por el de empresario, al salir de Cavim en el año 2000. En los negocios lo acompañan su esposa, Rosmilar Ceballo, y su cuñado, Antonio Parada.

Precisamente, ellos tres alternan sociedad y puestos directivos en un pool de empresas que durante años acumularon centenares de contratos con distintos organismos públicos en Venezuela, pero especialmente con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), durante los diez años que estuvo presidido por otro militar: el General de División Carlos Rotondaro Cova. Entre 2007 y 2017 siete compañías del grupo se repartieron 271 contratos con la institución sobre la que descansa buena parte de la cobertura y asistencia sanitaria de la población venezolana, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Rotondaro Cova abandonó las filas del chavismo en 2017 y dos años después salió al exilio; el país también viró de la bonanza petrolera al colapso económico; pero en ese mismo lapso, los negocios del Mayor William Hernández Cova no dejaron de crecer y diversificarse. A finales de octubre de 2019, por ejemplo, inyectó 2,38 millones de dólares a Atina Energy Services, la sucursal colombiana de la compañía petrolera, con lo que el capital total se elevó a casi 14 millones de dólares, según se comprueba en los documentos de registro. Con ello, entre otras iniciativas gerenciales, busca reflotar una empresa que está en “reorganización” en el marco de la Ley 1116, que en Colombia regula la protección a compañías en estado de insolvencia.

“Ser la empresa de mayor reconocimiento nacional y proyección internacional por la efectividad en la prestación de servicios integrados, con excelencia operacional, logrando la satisfacción de los clientes, innovando para la sostenibilidad”, proclama la web de la compañía como su misión.

El site asegura que tienen su base de operaciones en Barrancabermeja, una zona petrolera del noroeste de Colombia. Cuenta con maquinaria para la “perforación de pozos convencionales horizontales y multilaterales”, “unidades de fast move o auto ancladas”, así como tuberías y grúas de 60 toneladas, entre otros equipos.

Ahora Atina Energy Services tiene una sucursal en Caracas, en lo que parece un viaje de ida y vuelta de las empresas del grupo entre Bogotá y la capital venezolana. “En el sector petrolero mi esposa incursionó, ya que la empresa que adquirió se encuentra en Ley 1116. La tomó como un reto gerencial ya que los activos y todo para trabajar ya existían, y su valor fue residual”, explicó Hernández Cova en un cuestionario enviado a Armando.Info por escrito. Pero antes de sumergirse en los pozos petroleros, el grupo empresarial apostó por negocios donde siempre había cosas por hacer y rehacer: los hospitales venezolanos. Esa fue la plataforma de lo que vino después en un momento en el que a Hugo Chávez le sobraba la plata y cada tanto prometía ambiciosos proyectos.

Construcciones a la medida

William Hernández Cova fue comandante de un pelotón de paracaidistas entre 1991 y 1992, pero su verdadero salto llegó al reemplazar el uniforme verde oliva por el traje de empresario, después de un breve paso como jefe de compras de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, en 1998, y director de finanzas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) entre 1999 y 2000.

Con la compañía MPD Máster, Proyectos y Desarrollos, creada en Caracas en 2004, logró 85 contratos con entes estatales en trece años de operaciones, que van de 2005 a 2018. De ese total, 70 fueron con el IVSS y coinciden en fecha con el inicio de la presidencia de Carlos Rotondaro Cova, según consta en el Servicio Nacional de Contrataciones y su RNC.

Una suerte similar tuvo la compañía Atina Ingeniería, Procura y Construcción, perteneciente a Rosmilar Ceballo Montilla, ingeniero civil y esposa de William Hernández Cova. Consiguió un total de 70 adjudicaciones con organismos públicos, de las cuales 45 fueron con el IVSS, casi todos a partir de 2007.

Sin embargo, el número de contrataciones de esta compañía con el IVSS pudo ser mayor a lo que refleja la data del RNC. Un catálogo de Atina muestra que en 2009 estuvo a cargo de la “sala de conferencias de la presidencia” del IVSS y un año después, en 2010, del “comedor de la presidencia” del organismo en Caracas, dos proyectos que no están en el listado general del registro de contrataciones.

Estas dos empresas -MPD y Atina- tienen también en su haber obras de envergadura como el “nuevo hospital de Trujillo” y el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía del IVSS, ubicado detrás del Hospital Domingo Luciani, en Caracas.

Desde 2015 hay una filial de Atina Ingeniería, Procura y Construcción en Bogotá. Pero su rastro en el sistema de contrataciones venezolano arroja otros datos interesantes. Antes de su vínculo con el IVSS, la empresa ejecutó trabajos en el Regimiento de la Guardia de Honor Presidencial y Cavim, entidades por donde pasó William Hernández Cova cuando todavía era militar. Además, acordó obras con el Instituto de Infraestructura del estado Mérida para la construcción del estadio de fútbol Metropolitano de esa ciudad para la Copa América de 2007, cuando Florencio Porras era gobernador de la entidad. Precisamente, Porras fue otro compañero de la promoción de 1985 de William Hernández Cova.

Otras cinco empresas del grupo familiar, con objetivos sociales disímiles, fueron usadas para obtener contratos con el Seguro Social. Ellas son: Build Master, Acierto Tecnológico, Victus de Venezuela, Constructora Ribelpa y Grupo Raycall. Entre todas suman 156 contratos más que también coincidieron con el período de Carlos Rotondaro en la presidencia del instituto.

Con Build Master suministraron al IVSS material de oficina, mobiliarios, uniformes y aires acondicionados; con Acierto Tecnológico se encargaron de la instalación de sistemas de seguridad con circuitos cerrados de TV y de monitores para estudios especiales; Constructora Ribelpa realizó otras obras hospitalarias. Entre tanto, con Grupo Raycall, de la que hay una homónima registrada en Reino Unido, y Victus de Venezuela, despacharon material médico quirúrgico, descartable y de radiocirugía, soluciones, medicamentos, productos de alimentación parental y enteral, y material de bioseguridad, entre otros rubros.

En el caso de Victus de Venezuela, consta que entre 2004 y 2012 la empresa recibió poco más de 82 millones de dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y en 2014 otros 8,8 millones adicionales vía Cencoex, la oficina que siguió en la administración del férreo control cambiario aplicado por el chavismo.

Pese a la preeminencia que tuvo el IVSS en las contrataciones públicas de sus empresas, William Hernández Cova resta importancia y descarta cualquier irregularidad. En la comunicación enviada a Armando.Info en ocasión de este reportaje asegura que en esa “relación comercial por más de 10 años”, con esa larga lista de adjudicaciones, cumplió la “ley que rige la materia”. Es enfático, además, a la hora de negar cualquier nexo familiar con el expresidente del Seguro Social, como han sugerido algunas versiones de prensa. “A pesar de que ambos tenemos el apellido Cova, no poseemos ningún vínculo familiar”.

Asimismo, rechazó las acusaciones que en 2018 realizó en su contra Winston Flores, diputado opositor a la Asamblea Nacional y ahora embajador en Bolivia del Gobierno interino de Juan Guaidó.  “El Sr. Flores es un irresponsable que realizó afirmaciones en contra del expresidente del IVSS y de mi persona, en las cuales señalaba que me habían adjudicado contratos de material de diálisis, ya que según el Sr. Flores yo soy familia del General Carlos Rotondaro. Ambas afirmaciones son falsas”.

En 2018, Flores había acusado a Rotondaro y otros funcionarios de haber “desfalcado” a la institución por una suma de 100 millones de dólares en complicidad con empresarios como William Hernández Cova.

En cualquier caso, queda claro que el grupo empresarial del Mayor Hernández Cova durante años estuvo entre las principales contratistas del sistema público de salud, junto a otros grupos como el favorecido por ex ministro de Salud Luis López, la cuestionada familia zuliana Rangel Barón, o el caso del militar Vicari Méndez. /

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Por Jesús Contreras E. | Opinión

Campo Mata es una localidad petrolera de Venezuela, ubicada en el municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui.

El municipio Freites fue gobernado por el activista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Daniel Florencio Haro Méndez, quien ejerció como alcalde en los periodos comprendidos entre los años 2013 – 2017 y luego entre 2017 – 2021.

Antes de ser alcalde, Haro había trabajado en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), forjando amistades tanto en la industria petrolera de Venezuela como en el sector político, que le permitirían luego convertirse en regente municipal por el chavismo hasta su salida, tras las elecciones regionales y municipales en Venezuela, celebradas el 21 de noviembre de 2021, en las que fue electa Dalinda Materán, miembro también del PSUV, como nueva alcaldesa del municipio Freites, cuya capital es la ciudad de Cantaura.

Daniel Haro ha cambiado nuevamente de intereses, para regresar a la industria energética venezolana, en esta oportunidad abocándose al desmantelamiento de infraestructura petrolera, que está siendo exportada como chatarra desde Venezuela hasta Turquía y otros países del mundo.

Y tanto es el interés del exalcalde en ese negocio, que ahora a Haro le conocen como «El Rey de la Chatarra» de Campo Mata, localidad donde están siendo desarmadas numerosas instalaciones petroleras, para vender las partes en el exterior como chatarra.

Haro no está solo en el negocio, sino que lo acompañan dos personas de nombres Diorvis y Deivis, originarios de Maracaibo, estado Zulia, propietarios de la compañía Diorveca quienes tuvieron orden de aprehensión por un incidente penal del que poco se sabe, pero quienes habían estado desde hace tiempo incursionando en el mercado de la exportación de chatarra en Venezuela.

Diorvis y Deivis, propietarios de Diorveca

Algo que sí se conoce es que Diorvis y Deivis habían huido a Colombia tras el citado incidente y a inicios del mes de octubre de 2021, poco antes de las elecciones regionales y municipales, regresaron a Venezuela, para volver nuevamente al negocio de la chatarra. Algunos dicen que el regreso de ambos maracuchos a Venezuela fue posible gracias a que supuestamente le pagaron una vacuna o soborno de entre 300.000 y 500.000 dólares en efectivo a un poderoso del chavismo en Caracas, para que los dejaran trabajar nuevamente en el mercado chatarrero.

Desde entonces Haro, Diorvis y Deivis, se van convirtiendo paulatinamente en amos y señores de estaciones de servicio, estaciones de bombeo y tuberías en estado deteriorado y de abandono en Campo Mata, qué incluyen geográficamente las zonas y estaciones petroleras de Batería 6, Zapato, Complejo Criogénico Zapato, Mata R, La Ceibita, Melones, Bare, entre otras zonas próximas a la ciudad de El Tigre, donde se encargan de extraer chatarra petrolera.

Los contactos de Haro, quien comanda también las operaciones de extracción de chatarra, han sido de vital importancia para Diorvis y Deivis. Poco antes de su salida de la alcaldía del municipio Freites, Haro dejó encargado a Ridangel Pérez, director general del ayuntamiento, de las funciones como primer jefe municipal. La nueva alcaldesa, mientras, era antes registradora civil de Cantaura durante el gobierno de Haro. Por tal razón se piensa que Haro, pese a dejar de ser alcalde de Freites, continuaría gobernando de facto y que la nueva alcaldesa responde a los intereses del exalcalde.

La terna de Haro, Diorvis y Deivis, se está encargando también de picar y vender como chatarra varios buques petroleros y pesqueros varados en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

En sus inicios en Pdvsa, Daniel Haro fue chofer de Luis Marín, exdirectivo de la energética de Venezuela y expresidente de CITGO, petrolera venezolana en Estados Unidos. Haro tuvo nexos cercanos con Wenceslao Madaíl, exgerente de PDVSA GAS, empresa de la que el exalcalde fue contratista. Esas y otras relaciones de Haro en la industria energética venezolana se produjeron en un ambiente siempre dominado por la corrupción.

En el mes de agosto de 2020 el exalcalde reconoció en un vídeo que con la ayuda de líderes del Gobierno socialista fue trasladado a Caracas, para recibir tratamiento por COVID-19, en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro asistencial privado, en el que la atención puede oscilar entre cientos y miles de dólares. En el vídeo el alcalde agradeció a Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo; a Aristóbulo Istúriz, entonces Ministro de Educación y también a Pedro Luis Martín Olivares, figura que llamó la atención de muchos en las redes sociales.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó el 7 de mayo de 2018 en la lista de narcotraficantes de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a Pedro Luis Martín Olivares, quien en tiempos de Hugo Chávez fuese jefe de la Unidad de Investigación Financiera y luego director de Contrainteligencia del gobierno venezolano (en la antigua Disip hoy Sebin). Junto con Martín Olivares fueron sancionados —bajo la ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en Narcóticos— sus socios, los también venezolanos Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, a quienes señalaron por haber dado soporte material, financiero y tecnológico a los negocios internacionales de droga de Martín Olivares.