La corrupción logró extender con mayor fuerza sus tentáculos en Costa Rica en 2021, como lo demuestran las sonadas operaciones Cochinilla, Azteca y Diamante que impactaron en los habitantes de la otrora Suiza centroamericana.

Aunque no es nuevo en la función estatal costarricense, lo llamativo este año es la cantidad de casos revelados y de funcionarios y empresarios involucrados en la penetración del crimen organizado, que en Cochinilla y Diamante buscaban favorecer a empresas privadas en la concesión de contratos de obras públicas, informó Alejandro Gómez en Prensa Latina.

En tanto, el aún más peligroso Azteca develó los vacíos existentes en este país que podrían permitir al narcotráfico utilizar las obras públicas para lavar dinero sucio.

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Desde el destape del caso Cochinilla, el 14 de junio, hasta noviembre, esos tres sucesos cayeron como balde de agua fría sobre esta pequeña nación centroamericana, antes igualada con la Confederación Helvética, atributo perdido hace varios años y vista ahora, principalmente por sus habitantes, como cualquier otro país del mundo y con sus mismos males.

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Al igual que la cochinilla, un insecto que poco a poco carcome las plantas, los tentáculos del crimen organizado- en este caso empleados de dos empresas privadas- se encargaron de penetrar lentamente a funcionarios de entidades estatales como el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

De manera colateral, este hecho motivó la renuncia de la Fiscala General Emilia Navas, pues su esposo Francisco Campos es uno de los abogados de las dos empresas constructoras privadas, Meco y H. Solís, señaladas por pagar sobornos y entregar dádivas a empleados del MOPT y Conavi para obtener jugosos contratos de obras públicas o acelerar esos procesos.

Cuando el 14 de junio los costarricenses despertaron y activaron sus televisores, presenciaron imágenes de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en acciones de allanamientos y detención de 29 funcionarios de entidades públicas y privadas, presuntamente relacionadas con diversos delitos de corrupción.

Los arrestados en 57 redadas, en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, trabajan en el Conavi, el MOPT y en empresas privadas como Meco, H. Solís.

En un inicio se informó que uno de los arrestados sería Camilo Saldarriaga, el principal asesor del presidente Carlos Alvarado, pero después él mismo confirmó su permanencia en libertad y presentó la renuncia para asumir el proceso y demostrar su plena inocencia sin afectar el trabajo del Poder Ejecutivo.

«No tengo ni he tenido contacto con procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como Conavi”, aseguró.

Lo cierto es que se trata de la segunda ocasión en la historia del país en que agentes del OIJ y del Ministerio Público allanan la Casa Presidencial, ambas en esta Administración, pues registraron las oficinas de Saldarriaga en la sede del Gobierno.

El 28 de febrero de 2020, por la creación presuntamente irregular de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), agentes de las referidas entidades llegaron a recoger hasta teléfonos celulares y la computadora del propio Alvarado.

Esta investigación aún está en curso y junto al mandatario aparecen involucrados otros siete funcionarios -entre ellos los empleados de la UPAD-, señalados de tener acceso a información confidencial de los costarricenses, prohibido por la Constitución.

En el caso Cochinilla, el director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones, y malversaban fondos que afectaban el erario.

Según Espinoza, los detenidos habrían cometido delitos como asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación, sobornos, regalías, gratificaciones irregulares y tráfico de influencias, entre otros.

«Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones, unos 128 millones de dólares. Esto nos permite develar algo que afecta muy profundo las buenas prácticas en la gestión pública de los costarricenses», subrayó.

Como va siendo común en Costa Rica, las personas detenidas fueron liberadas sin medidas de prisión preventiva, salvo para la dueña de H Solís, Mélida Solís, y el dueño de Meco, Carlos Cerdas, a quienes el 26 de octubre se la extendieron hasta el 26 de marzo de 2022.

Casi cinco meses después, el 9 de noviembre, agentes del OIJ y del Ministerio Público realizaron 38 allanamientos simultáneos en diferentes partes del país y arrestaron a 23 personas, señaladas de presuntos delitos como narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción, en el llamado caso Azteca.

De esos 23 detenidos, 14 eran empleados públicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Espinoza precisó que la investigación de este caso comenzó también en 2019 y las indagaciones determinaron que los presuntos implicados creaban empresas dedicadas a la construcción con las que participaban en la licitación de obras públicas y con la ayuda de funcionarios públicos ganaban los concursos.

De acuerdo con el expediente, los involucrados en la causa Azteca habrían creado sociedades anónimas, tenían dos empresas constructoras para conseguir contratos de obras públicas y habrían incurrido en los delitos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.

Aún sin reponerse de este golpe, los costarricenses recibieron seis días después el mazazo del año, cuando las imágenes de los noticieros de televisión trasmitieron en vivo el momento de captura por presunta corrupción.de seis reconocidos alcaldes de Costa Rica, entre ellos el de esta capital, Johnny Araya, y de Cartago, Mario Redondo.

El director del OIJ explicó que allanaron más de 40 puntos y arrestaron 13 personas, entre ellos estos altos funcionarios públicos, así como los de San Carlos, Alfredo Córdoba; de Alajuela, Humberto Soto; de Osa, Alberto Cole, y de Escazú, Arnoldo Barahona.

De acuerdo con la indagación, una presunta estructura criminal tenía influencia en diferentes municipalidades del país y ofrecía el pago de sobornos para ganar de manera indebida las licitaciones de obra pública a nivel cantonal (municipal).

Aseguran que comprobaron la entrega de dádivas -desde dinero hasta construcciones en viviendas- y sobornos para que la empresa Meco (señalada también en el caso Cochinilla) presuntamente lograra licitaciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Glen Calvo, reveló la existencia de una estructura definida, que le permitiría a los empleados de Meco hablar directamente con los alcaldes y funcionarios municipales para lograr el objetivo de obtener las subastas de obra pública.

También la operación Diamante, perturbó a la sociedad costarricense, pues están probablemente vinculados reconocidos funcionarios públicos del país, quienes deberán ser indagados por la Fiscalía, que decidirá la aplicación o no de medidas cautelares.

Nuevamente, la justicia tica dejó a los presuntos implicados en libertad,solo les impuso la medida de separación del cargo por seis meses y dejó a consideración de los ediles de cada una de esas municipalidades si también le suspenden sus millonarios salarios por ese período.

Para muchos expertos, analistas y abogados, Costa Rica requiere adecuar sus leyes a los delitos más frecuentes en el ejercicio de la función pública, so pena de que estos casos cada vez sean más sonados e involucren no solo a empleados, sino también a altos jerarcas de la fenecida Suiza centroamericana.

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